PARAGUAY

Juicio contra Lugo: ¿Legal o ilegal ?

 

 

En principio, el Senado paraguayo destituyó al Presidente Lugo bajo el incuestionable amparo del artículo 225 de la Constitución de 1992, que le otorga potestades para enjuiciar y destituir al mandatario: “El Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos.”

Hasta aquí, lo único que cabe es el cuestionamiento desde el punto de vista ético, es decir: ¿Es ético que el Senado, sin pruebas ni motivos creíbles, sustituya con su decisión la voluntad popular expresada en las urnas? El Presidente José Mujica, con respecto a la remoción, ha dicho: “Aparentemente es legal, pero moralmente es ilegítima”.

Sin embargo, la remoción tampoco es legal. ¿Por qué? Si bien el artículo 225 fue respetado a rajatabla, se violó flagrantemente el artículo 17 de la misma Constitución en sus incisos 1, 7 y 8, lo cual deslegitima todo el proceso. Dice este artículo: En el proceso penal, o en cualquier otro (esto comprende el juicio político –N.del A.) del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a:

1. que sea presumida su inocencia.

7. La comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa.

8. que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas.

El inciso 1 fue violentado burdamente. La condena estaba previamente pactada entre colorados y liberales.

Hasta Estados Unidos y Colombia han reconocido la violación del debido proceso en lo referente al inciso 7. La defensa pidió 18 días; se le dieron dos horas. No solo eso, el senador colorado “Calé” Galaverna interrumpió a los defensores una y otra vez de manera antirreglamentaria sin que el presidente del Senado los amparara en el uso de la palabra. Otros, ni siquiera escuchaban los argumentos de dicha defensa, sino, como ha sido registrado fotográficamente, revisaban su facebook, aguardando la hora para votar la remoción.

El inciso 8 también fue pisoteado, ya que el incidente de Curuguaty aun no ha sido aclarado ni se ha podido demostrar que Lugo tuviera responsabilidad en el mismo.

Llama la atención que Estados Unidos supiera desde 2009 que Lino Oviedo y Nicanor Duarte estaban complotando para preparar el escenario a efectos de provocar la caída de Lugo por la vía parlamentaria. De acuerdo a lo denunciado por Wikileaks, Oviedo vería allanado el camino hacia la Presidencia y Duarte quedaría como Presidente del Senado. Es decir que el juicio a Lugo estaba decidido mucho antes del incidente entre la Policía y los campesinos.

Por otra parte, considerando que por lo antedicho el nuevo gobierno es ilegítimo, convendría recordar a la banca internacional y a los demás países el artículo 138, el cual advierte que: “Los estados extranjeros que, por cualquier circunstancia, se relacionen con tales usurpadores no podrán invocar ningún pacto, tratado ni acuerdo suscrito o autorizado por el gobierno usurpador, para exigirlo posteriormente como obligación o compromiso de la República del Paraguay”.

Si algo le faltó a Fernando Lugo fue ser corrupto. Esto es algo que el Partido Colorado no tolerará jamás. Ante la amenaza de una remotamente posible reforma que permitiera la reelección, los históricos dueños del Paraguay no quisieron correr riesgos y cortaron por lo insano: la decapitación política.