Elecciones federales

Elecciones en un país bananero

Nuevamente la comunidad internacional ha quedado perpleja por lo acontecido en México en las elecciones federales del primero de julio del año en curso.

No basta con su fracaso económico que lo distancia con buena parte de América Latina, que estemos en los últimos lugares continentales con respecto a la educación, salud e impartición de Justicia.

No alcanza con la inseguridad, los falsos positivos, una guerra en curso en contra de la delincuencia organizada que no ha reducido su poder, ahora debemos sumarle un nuevo fraude electoral cuya característica mayor fue la compra y coacción del voto.

Según el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la suma de los votos comprados no baja de los cinco millones de unidades. Esto comparado con la población de Uruguay refuerza la nota ominosa: ¡se compraron un país!

A lo anterior se debe contar la intervención de la banca Monex que repartió dinero cuya procedencia se desconoce. Los inversionistas hicieron varios depósitos de cantidades parecidas a los once millones de dólares, pero sin demostrar direcciones legales. ¿Quién depositó? Nadie lo sabe, solamente que el objetivo de los dineros fue la compra de votos a favor del PRI.

Sin embargo, este enorme escándalo que ha ocupado las primeras planas en la mayoría de los periódicos del continente incluso de Europa, no alarma a las autoridades encargadas de cuantificar y calificar las elecciones quienes han montado una campaña en medios, agradeciendo “a todos los participantes del gran acto ejemplar que refuerza nuestra democracia”.

Es AMLO el único que impugnó las elecciones pidiendo su anulación a través de un proceso judicial, mientras que los jóvenes ganaron las calles protestando por la imposición y la opinión pública en general, demostrando su hartazgo ante tanta ilegalidad. En el fondo la resignación impera, dado que se sabe que a pesar de los esfuerzos de AMLO, las autoridades confirmarán la victoria de Enrique Peña Nieto.

Lo más paradójico es que antes de los comicios, el Instituto Federal Electoral invitó a los candidatos a firmar un pacto de civilidad. Tal evento está fuera de toda proporción, firmar un documento que presuponía la equidad y la vocación cívica, para luego robarse las elecciones.

Lo que desborda cinismo es la simulación, por un lado se invita a comportarse como en Uruguay o Chile y se termina procediendo como en una república bananera. La realidad llena de perplejidad de quienes se enteran: compraron los votos de la ciudadanía con vales de despensa de supermercados como Soriana.

Lo peor es que se atrevieron a un fraude de tal magnitud, primero porque se contaba con el dinero para hacerlo y segundo, porque se sabía que las instituciones electorales son inoperantes. Tanto que se quedaron dos millones de mexicanos sin votar por falta de boletas en las casillas extraordinarias, que son aquellas donde votan los que no están en su entidad o municipio.

El dinero es en parte del presupuesto público de los estados gobernados por el PRI y otra parte dinero ilícito cuyo origen no puede ser otro que la delincuencia organizada.

Si sumamos los cinco mil millones de pesos gastado en campaña cuando debieron ser 330 millones y otros tres mil millones de pesos en compra de votos (unos a trescientos, otros a quinientos y otros más a mil pesos mexicanos), estamos redondeando una operación de más de ocho mil millones de pesos que en dólares son una cantidad parecida a los seiscientos millones de billetes verdes. Eso fue lo que costó la victoria del telegenético Enrique Peña Nieto, quien por lo que vemos, surge como presidente de la República con un sinnúmero de compromisos a pagar.

La primera consecuencia de esta “victoria” es la aprobación de la ley laboral, donde el actual Parlamento dará un golpe duro a los trabajadores. La derecha sabe a quién golpear y cuál es su rol histórico, además de no perder el tiempo. Empezando su administración, que es la sexta gestión neoliberal, se asegura más pobreza y más concentración de riqueza que alientan el crecimiento de la delincuencia organizada. La segunda medida será la privatización del petróleo, que es lo que exige Estados Unidos, y como consecuencia violencia y represión, con intervención directa de los vecinos del norte, en toda la franja fronteriza. Como observan algunos investigadores norteamericanos, se confirma lo de México como un estado fallido, habiendo sido el faro de medidas sociales de América Latina.