ANÁLISIS

Paraguay en franco aislamiento

Tanto el Mercosur (Mercado Común del Sur) como la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas), conformada por los 12 países de la región, resolvieron suspender a Paraguay de su calidad de miembro pleno. La decisión se tomó en las cumbres sucesivas realizadas este viernes 29 en la occidental provincia argentina de Mendoza.

“La suspensión cesará cuando se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático de la parte afectada”, señala la declaración final del Mercosur, firmada por los gobernantes de los otros tres miembros plenos, Cristina Fernández, de Argentina, Dilma Rousseff, de Brasil, y José Mujica, de Uruguay. La medida, empero, no contempla sanciones económicas.

De este modo, los primeros pasos del gobierno de Federico Franco, el vicepresidente de Lugo que asumió la Presidencia de Paraguay el mismo viernes 22, transita por un camino lleno de dificultades externas. Hasta ahora solo fue reconocido oficialmente por el Vaticano y Taiwán, con añejas relaciones que le impiden acercarse a China como el resto de la región, que ya piensa en tratados comerciales.

Franco no ha podido obtener el reconocimiento de ninguno de sus vecinos continentales e, incluso, su delegación salió golpeada de la reunión del miércoles 27 del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que se señalaron violaciones al debido proceso en el juicio a Lugo, que le quitan legitimidad a Franco.

La OEA resolvió en esa instancia enviar una delegación que arribará al país este domingo 1 de julio, para evaluar la situación y luego adoptar medidas.

Si bien el Mercosur y la Unasur ya expresaron su rechazo a lo que calificaron de “quiebre del proceso democrático” en Paraguay, las expectativas estaban puestas en la decisión final y las repercusiones de la cita de ambos bloques en Mendoza.

El hecho de que no se aplicaran sanciones económicas alivió un tanto la situación, especialmente al quedar vigente el acceso al Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, del cual Paraguay es principal beneficiario, con una asignación de 48 por ciento de los aportes, mientras que 32 por ciento es para Uruguay y 20 por ciento restante para Argentina y Brasil.

Carlos Filizzola, exministro del Interior del centroizquierdista Lugo, dijo a IPS que el gobierno desplazado prefiere que Paraguay no sea sancionado por la comunidad internacional. “No pedimos eso, pero sí denunciamos ante los organismos multilaterales competentes que aquí se ha producido un quiebre democrático”, afirmó.

Mirando el interior

Ante el escenario internacional esquivo, Franco busca fortalecer su gobierno con alianzas políticas y empresariales. El parlamento se constituyó en su principal respaldo, aunque la designación como su vicepresidente del senador Óscar Denis deja al Poder Ejecutivo teñido de un único color, el del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

En un comunicado, los industriales y otros empresarios rechazaron lo que entienden es una intervención de los países del Mercosur en asuntos internos de Paraguay y aseguraron que la destitución de Lugo no llevó a “la alteración del orden público ni del estado de derecho”.

Ante este pronunciamiento, el analista económico Ricardo Rodríguez Silvero advirtió que los líderes empresariales parecen haber subestimado las repercusiones económicas, directas e indirectas, que tendrá la suspensión del Mercosur hasta al menos las elecciones de 2013.

“Paraguay no va a estar presente en ningún órgano de decisión del bloque, con lo cual arriesga a ser perjudicado en temas comerciales, aduaneros y diplomáticos”, sostuvo.

Pero el diputado Justo Cárdenas, del Partido Colorado, insistió ante IPS que las acciones del Mercosur son una intromisión. Opinó que lo que se pretende “es dejar de lado al país para la incorporación de Venezuela” como miembro pleno.

La cumbre de Mendoza resolvió en concreto fijar el 31 de julio para el ingreso formal de Venezuela como miembro pleno del Mercosur, a lo que el parlamento paraguayo se negaba a ratificar desde 2006, cuando fue firmado el protocolo de adhesión por los cuatro mandatarios.

Como medidas de urgencia, Franco pidió al Congreso legislativo la aprobación del Impuesto a la Renta Personal (IRP), que había sido reclamado constantemente sin éxito por Lugo, y una partida de 480 millones de dólares para mantener los programas de asistencia social.

Mientras, los partidos de izquierda y movimientos sociales que llevaron a Lugo al gobierno en 2008 continúan las movilizaciones en distintas partes del país en repudio del fulminante juicio de destitución concretado solo nueve meses antes de las próximas elecciones generales.

“Nosotros queremos la vuelta del presidente Lugo al lugar que le corresponde”, aseguró Filizzola a IPS.

Por su parte, Luis Aguayo, dirigente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, sostuvo a IPS que su sector, “antes que a Lugo, apoya la defensa del proceso democrático que lleva muchos años, compromiso y sangre derramada de compatriotas”.

En contraposición, desde los sectores favorables a Franco se habla de un interés de la izquierda en generar disturbios, argumento esgrimido para explicar la escasa manifestación pública de apoyo al nuevo gobierno.

Entre las versiones sobre la trastienda de intereses electorales, se señala la división dentro del derechista Partido Colorado, que promovió el juicio político a Lugo desde el mismo momento en que asumió.

Para Cárdenas, el presidente Franco no tiene carta blanca y debe ceñirse estrictamente a lo que manda la Constitución para poder gobernar. En ese marco, las negociaciones ahora están centradas en lograr acuerdos mínimos entre las dos fuerzas tradicionales, el Partido Colorado y el PLRA, otrora aliado de Lugo.

“El Partido Colorado no ha negociado ni exigido cargos al nuevo gobierno, justamente porque lo que se persigue es regresar al poder por la vía de las elecciones”, aseguró el representante de esta fuerza tradicional que mantuvo el poder hegemónico en Paraguay por seis décadas, incluyendo la dictadura de 35 años de Alfredo Stroessner (1912-2006).

Sobre las posibilidades de la izquierda en este nuevo escenario electoral, Filizzola señaló que se seguirá trabajando en las candidaturas, pero no se mezclará eso con la lucha que se está llevando adelante para restituir el orden democrático.

Esta es la antesala al arribo de la delegación de la OEA, encabezada por su secretario general, José Miguel Insulza, así como el de un equipo de trabajo del Parlamento Europeo para evaluar la situación política y social en Paraguay.

Por Natalia Ruiz Díaz (Exclusivo IPS para LA REPÚBLICA).