Pérez Manrique: mano dura no alcanza para prevenir delitos

Empero, la respuesta no puede ser únicamente policial o judicial, afirmó.

¿Qué reflexión le merecen los últimos hechos de violencia vinculados con adolescentes infractores?

La percepción es la de toda la ciudadanía: hay adolescentes –no podemos establecer cuántos– que actúan con total desprecio por la vida humana y el entorno social, y para los cuales la utilización de una violencia extrema no parece ser un elemento que los llame a reflexión. Esto nos coloca frente a una problemática muy particular, donde llega un momento en que hay que admitir que determinados tipos de delito son imposibles de prevenir en un 100%, pero también que estamos en una situación en la cual una legislación pensada en búsqueda de la recuperación y de una perfección del ser humano a través de políticas re-educativas, reconoce una realidad de un grupo de adolescentes, que vienen con una historia muy complicada y con los cuales es muy difícil tener una respuesta adecuada. Esto no tiene que ver con la posible rebaja de la edad de imputabilidad penal o el aumento de las penas, pero hay elementos de la legislación que, forzosamente, esta situación nos obliga a repensar.

¿Qué aspectos de la legislación deberían “repensarse” del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA)?

El CNA fue aprobado en 2004 pero empieza a elaborarse en 1997 y su esquema es un país donde el nivel de violencia de los delitos de adolescentes no era el de hoy. Tiene que haber una respuesta en lo legislativo que tenga en cuenta esas situaciones. Por ejemplo, en países de Centroamérica el problema de las “maras” o pandillas lleva a que el derecho de la niñez y la adolescencia puro tenga dificultades de ser realmente eficaz; en Europa, frente a delitos conectados con el racismo cometidos por adolescentes no se puede pensar que el régimen común pueda ser válido.

¿Cuál sería la solución?

Una alternativa podría ser pensar en una solución intermedia, que frente a la existencia de determinados delitos y determinados infractores se pueda aplicar un régimen penal más severo, sin renunciar, por la edad de la persona que lo comete, a una finalidad re-educativa en la sanción, y que esta finalidad realmente se aplique. Hemos avanzado mucho en la contención (que los adolescentes no se escapen), pero tenemos que trabajar para que esos adolescentes, cuando salgan a la calle, no vuelvan a reincidir. Habría que pensar en una escala diferente sin cambiar las reglas básicas de juego. Pensar que frente a determinado tipo de infracciones, cuando hay antecedentes o cuando la propia infracción implica una entidad que hace que la persona sea nociva para la sociedad, hay que buscar una solución. Siempre hay un nivel de gente que es irrecuperable o con la cual existen muchas dificultades para trabajar. Todas las legislaciones tienen una válvula de escape.

En este tipo de casos, ¿usted entiende que la realidad superó la teoría de la propuesta inicial?

Lo que tenemos que admitir es que la realidad nos pone frente a un desafío de infracciones de un altísimo nivel de violencia, donde no existe una actitud de parte de estos adolescentes y sus entornos familiares que permita ser optimistas en cuanto a su futuro. Los hechos son los hechos. No podemos pensar que vamos a poder cambiar los hechos exclusivamente con buenas intenciones.

¿Cómo pueden manejarse esas situaciones extremas?

Una vez dijimos que si el mínimo (de la pena) era 5 o 10 años, no era un hecho que cambiara la esencia de la cosa. Habría que pensar en hacer más efectiva la etapa de ejecución de las sanciones, sin perjuicio de que se puedan incrementar los guarismos de la pena. Que no solo no se escapen, sino que exista una instancia de intento de recuperación y re-educación, y en caso de que esas personas no demuestren sensibilidad frente a este sistema, que terminen por cumplir plenamente su condena. Si un juez dispone cinco años de pena y no hay síntomas de recuperación, que efectivamente se cumplan los cinco años. Es un sistema de premios y castigos, se accede a la libertad o a una medida más benigna una vez que la persona demuestre que está en condiciones de reaccionar, que haga verosímil que cuando salga en libertad no volverá a delinquir. Hoy la parte represiva funciona, porque casi el 100% de estos delitos se aclaran y se detiene a los responsables. El problema no está en la represión, sino en cómo prevenimos. Más allá de pensar que las políticas sociales son necesarias, habrá que pensar políticas focalizadas para gente que se cría y se desarrolla en un ámbito no solo de carencias económicas, sino en un marco de carencias afectivas, de educación y de referentes familiares, y admitir que allí hay una luz encendida de alarma.

Es decir, una política integral, que no apunte solamente a la respuesta policial o judicial.

Si nos jugamos exclusivamente a la respuesta policial o de las penas, es una batalla perdida de antemano. Hace muchos años viajé a Estados Unidos y tuve la oportunidad de ver la presentación de un estudio donde se enfrentaban dos tipos de políticas criminales: una de “mano dura”, encarcelamiento y grandes condenas, que llevaban a un aumento permanente de la delincuencia y de los gastos del Estado; y otra política de orden preventivo, que buscaba afirmar fundamentalmente el tema de las medidas alternativas, que apostaba a programas en comunidad para que la gente tuviera una oportunidad para integrarse, donde se gastaba menos y la respuesta era mejor. La política de la “incapacitación”, al que comete delitos lo incapacito encerrándolo, a la larga no es la mejor política, aunque no quiere decir que se renuncie a ella.

“Hoy la gente tiene miedo”

¿Considera que la ciudadanía comprende cabalmente todas las causas que perviven atrás del tema de la minoridad infractora?

Cuando la sociedad ve determinados hechos delictivos, cuando resulta bombardeada por los hechos delictivos porque no se cuántas veces en los informativos centrales la televisión repitió hasta el hartazgo el episodio de la muerte de esta persona (el crimen del trabajador de La Pasiva), cuando una persona cualquiera del pueblo, que está al frente de un comercio o en su casa, sabe que vive ante la inminencia de ser agredida por el delito, hay un caldo de cultivo perfecto para que se genere una sensación de inseguridad gigantesca y para que la gente tenga miedo. Hoy la gente tiene miedo y hay delitos que tienden por su propia naturaleza y características a que la gente tenga miedo, y que se busquen respuestas. Hoy tenemos un sistema que evidentemente ha tenido dificultades para manejar este tipo de situaciones extremas.