Analizamos en notas anteriores diversos desafíos para mejorar el modelo uruguayo vigente. La necesidad de una estrategia de desarrollo, la conformación de una nueva estructura productiva, la inserción internacional, las necesarias modificaciones a la reforma tributaria no contempladas en la reciente aprobación parlamentaria de los ajustes tributarios y una política macroeconómica funcional a la estrategia de desarrollo. Uno de los desafíos más relevantes para avanzar en una nueva estrategia de desarrollo, tiene que ver con las relaciones de poder. Importan la relación de fuerzas del poder militar, del económico, del comunicacional, del político y del poder ideológico. El poder militar se ha debilitado con la consolidación del proceso democrático. En el campo económico, el poder financiero es relevante y no surgen modificaciones a la fuerza que ostentan los gremios empresariales del agro, de la industria, del comercio y de los exportadores. En los últimos años han mejorado su poder de negociación los movimientos sindicales de trabajadores.
La novedad de estos días es la aprobación del decreto que regula la televisión digital, como el inicio de un proceso tendiente a la democratización de los medios de comunicación. Éstos tienen un gran poder en la actualidad; funcionan como oligopolio en la televisión abierta y en el cable. Marcan la agenda, influyen sobre los valores de la sociedad, sobre la opinión pública, sobre la cultura dominante. Expresan una ideología conservadora, sensacionalista en algunos temas como el de la seguridad pública, anti izquierda y contraria a los gobiernos progresistas de la región. Están más cercanos hacia determinados partidos políticos tradicionales. Téngase en cuenta que para un político un minuto de televisión es mucho más importante que un discurso de una hora en el parlamento. Ello marca con nitidez el extraordinario poder de los medios de comunicación.
El recientemente aprobado decreto sobre la televisión digital es un salto cualitativo, un verdadero punto de inflexión en las normas sobre los medios de comunicación. Se inicia una nueva etapa que tiende a un mayor control de los monopolios y oligopolios, de la concentración de la propiedad, iniciando una etapa hacia nuevas formas de libre competencia, con las lógicas limitaciones que tiene la pequeñez del mercado uruguayo. Para ello se abren posibilidades a nuevos canales comerciales, pero también a nuevos canales públicos y comunitarios. Esto representa avances hacia el mantenimiento de la libertad de expresión, pero también un mayor pluralismo y una mayor diversidad de opiniones. En los resultandos del decreto se explicita “la transparencia y publicidad en los procedimientos y condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias, que permitan el efectivo contralor por parte de los ciudadanos.” Y también “el acceso equitativo a los recursos radioeléctricos, mediante procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios.”. El plazo de las nuevas autorizaciones será de 15 años para la televisión digital comercial, con opción de renovaciones por 10 años, con evaluación de las condiciones y compromisos asumidos. Se legaliza la situación y se termina con las autorizaciones precarias y discriminatorias del pasado. Las propuestas serán evaluadas por una Comisión Honoraria Asesora Independiente y deberán exponerse ante una audiencia pública no vinculante, para dar la mayor transparencia, según lo indica el respectivo decreto. A los canales comerciales se les exigirán algunas contraprestaciones entre las que se destacan: “habilitar el uso gratuito de hasta 15 minutos diarios no acumulables, para realizar campañas de bien público por parte de organismos públicos estatales y no estatales;…promover la producción de contenidos y aplicaciones nacionales, y el uso de recursos humanos nacionales: artísticos, profesionales, técnicos y culturales”.
El decreto explicita el envío de un proyecto de ley para establecer un canon. El Ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, anunció en el Parlamento el envío de ese nuevo proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para el mes de julio, que permitirá regular la libre competencia, con un mayor control de los oligopolios y la concentración de la propiedad, asegurando la libertad de expresión para la búsqueda de contenidos de mayor calidad. En última instancia es el derecho de los ciudadanos a tener una información más objetiva y real que en la actualidad.
Saludamos la aprobación del nuevo decreto sobre televisión digital y lo inscribimos como un puntal central en los desafíos para el modelo uruguayo. Los tres canales privados van a seguir teniendo un poder importante en los medios de comunicación, pero se van a ver obligados a la competencia, a regulaciones y controles que esperamos permitan una mejora sustantiva de los contenidos y la calidad de la televisión nacional.
