El Departamento Jurídico del MI presentó el pasado viernes 4 de mayo dos denuncias penales por “daños” (artículo 358 del Código Penal), en virtud de los destrozos cometidos por los reclusos durante los motines ocurridos en el CNR femenino y el Comcar.
El juez Penal de 10º Turno, Rolando Vomero, y la jueza Penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, investigan actualmente los motines ocurridos en el CNR femenino y en el Comcar, respectivamente, para intentar esclarecer las causas y sus posibles responsables. Ahora, la Secretaría de Estado decidió presentarse en ambas causas para denunciar, como parte interesada, los “daños” perpetrados en ambos establecimientos durante las revueltas.
“La Justicia indaga los motines desde el preciso momento en que se informó sobre los mismos, pero los daños solo pueden investigarse por denuncia de parte. El MI se presentó para que se profundice esa línea de investigación”, dijeron fuentes de la Secretaría de Estado a LA REPÚBLICA.
En este sentido, las denuncias incluyen los informes de Policía Técnica y la Dirección Nacional de Bomberos (DNB) y un relevamiento fotográfico de la Dirección de Información y Análisis Penitenciario (DIAP), sobre los daños estructurales y al mobiliario ocurridos en ambos centros, y un informe con indicios sobre los presuntos responsables.
Asimismo, los escritos presentados ante la Justicia incluyen sendos informes con el monto estimado de los daños. “Los daños, tanto estructurales y en mobiliario, son millonarios en pesos, aunque los perpetrados en el Comcar son sensiblemente superiores”, agregaron las fuentes. El motín en el Comcar supuso la destrucción casi total de los módulos 4 y 5.
Posible agravante
Las denuncias promovidas por el Ministerio del Interior se sustentan en el artículo 358 del CP (“daño”), que pena con multas de entre 20 UR y 900 UR a quien “destruyere, deteriorare o de cualquier manera inutilizare en todo o en parte alguna cosa mueble o inmueble ajena (…) cuando el hecho no constituya delito más grave”.
Empero, la pena se agrava a entre tres meses de prisión y seis años de penitenciaría cuando el ilícito se cometiera “sobre cosas existentes en establecimientos públicos (…) o destinadas al servicio público”, como el caso de los centros penitenciarios. “Que el daño se cometa contra un edificio público es un agravante”, explicaron las fuentes.
En este sentido, la imputación de un delito de “daño” a los partícipes supone el inicio de un nuevo proceso penal y la eventual extensión de la pena de privación de libertad para los reclusos involucrados, señalaron las fuentes.
y si vale mas un ladrillo del estado que una vida humana aparte el malandraje debe estar extremadamente paralizados de miedo por las tremendas penas adicionales !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!gracias politicos gracias jueces ahora si me siento mas seguro gracias gracias etc
Comentario by alvaro — 6 mayo, 2012 @ 15:52