Batallón Rincón: militares citados por viáticos y pagos irregulares

Cuatro oficiales del Ejército Nacional deberán comparecer entre el 29 y 30 de marzo ante la Justicia Militar, en el marco del proceso donde se investigan diversas irregularidades detectadas en el Batallón Rincón de Infantería Mecanizada Nº9 de Fray Bentos, por el pago de viáticos por participar en el censo agropecuario.

La Justicia castrense dispuso la citación de los oficiales, tras la decisión del Comando del Ejército de investigar “a fondo” las denuncias por presuntas irregularidades en la unidad militar (ver recuadro). En este sentido, la sede dispuso la citación como “indagados” del comandante de Brigada, el jefe de Unidad, el segundo jefe de Unidad y un capitán, que revistaban en el Batallón en agosto de 2011, dijeron fuentes castrenses a LA REPÚBLICA.

El censo agropecuario 2011 contó con la participación de casi 650 efectivos del Ejército Nacional, provenientes de unidades de todo el país, a los cuales se les pagó un viático para ejercer como empadronadores y supervisores zonales y departamentales, así como brindar apoyo logístico a las tareas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

El Batallón Rincón contribuyó con personal (alrededor de 18 efectivos) y vehículos. Empero, militares del cuerpo de tropa de la unidad descubrieron que sus nombres figuraban en planillas como personal afectado a las tareas del censo, sin haber sido convocados. La firma de los militares en las planillas no coincidían con las originales.

Asimismo, las irregularidades abarcarían otros rubros, como la utilización irregular de vales de combustible por los vehículos utilizados para el traslado del personal militar a los establecimientos agropecuarios a censar, como informó LA REPÚBLICA. La Justicia Militar pretende ahora interrogar a todos los oficiales involucrados y a los denunciantes.

En este sentido, el presidente del Supremo Tribunal Militar (STM), general (r) Julio Halty, explicó que la Justicia Militar actúa en atención de un oficio librado por el Comando del Ejército, ante la posible comisión de delitos militares por parte de los oficiales involucrados.

Los oficiales podrían ser responsables de los delitos de “desobediencia”, “omisión de servicio” u otros, aunque estos aspectos serán dilucidados por la investigación. Asimismo, “si el juez militar encuentra que existe algún delito común, además de los posibles delitos militares, el caso será remitido a la Justicia Ordinaria”, señaló Halty.

Sanciones y traslados

La investigación de la Justicia Militar fue iniciada tras la denuncia presentada por el propio comandante en jefe del Ejército, general Pedro Aguerre, sobre mediados de febrero de 2012. Aguerre remitió un oficio al propio presidente del STM donde daba cuenta de las presuntas irregularidades constatadas en la unidad militar y solicitaba el inicio de una indagatoria para dilucidar las posibles responsabilidades de los oficiales involucrados.

El oficio del comandante en jefe fue acompañado de todas las actuaciones desarrolladas por el Ejército tras la denuncia de las irregularidades, incluido el cúmulo de testimonios recabados durante la investigación interna en el Batallón Rincón. La investigación interna del Ejército concluyó con la aplicación de sanciones a los cuatro oficiales involucrados, así como su traslado a otras unidades.

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