Ley se aplicará especialmente a sociedades anónimas uruguayas

Desde el gobierno se destacan los avances en la transparencia y analistas aseguran que “excede la finalidad”.

El proyecto sobre la nominatividad de las acciones al portador de las sociedades anónimas entrará en la Cámara de Diputados en breve y pasará a la Comisión contra el lavado de activos y el crimen organizado.

En el marco de los requerimientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el gobierno continúa en su búsqueda para aprobar que los dueños de acciones al portador de sociedades anónimas declaren la propiedad de las primeras ante la Dirección General Impositiva (DGI).

De cualquier manera, la ley se aplicará sobre empresas nacionales o filiales uruguayas de empresas extranjeras. Es decir, si una empresa declara que es propiedad de una sociedad anónima extranjera, esta última no tendrá que declarar de quién son sus acciones. Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay, señaló que esto responde a que “se va a aplicar sobre aquello en lo que podemos tener jurisdicción”.

Agregó que lo que se busca es que las empresas radicadas en Uruguay puedan tener una identificación a los efectos tributarios para el control, entre otros temas, del lavado de activos. “Si están constituidas en el exterior, corresponderá a esa jurisdicción identificar a los accionistas, si es que en esa jurisdicción hay accionistas con acciones al portador”.

“Las sociedades constituidas en el exterior tendrán que adecuarse a la normativa de ese país”, señaló Asti.

Además explicó que en el mundo se ha avanzado mucho en este sentido: “quedan muy pocos países que tengan sociedades con acciones al portador y esto es necesario regularlo para que Uruguay pueda integrarse al conjunto de países que tienen mayor transparencia desde el punto de vista fiscal”, resaltó.

Señaló que este modelo es similar al aplicado en Alemania, que no prohíbe las acciones al portador sino que las regula.

Adelantó que hay varios temas que se conversarán en cuanto el proyecto ingrese en la comisión. Asti aseguró que la comisión “conversará” con el Ministerio de Economía, con cámaras empresariales, con colegios profesionales que puedan tener opinión al respecto, “con actores vinculados al tema”, resumió.

Consultado sobre el proyecto, el abogado tributarista Leonardo Costa señaló que “el alcance del proyecto excede ampliamente las recomendaciones dispuestas por los organismos internacionales y las soluciones adoptadas en otras jurisdicciones”.

Agregó que “la finalidad parece ser de índole fiscal más que de prevención del lavado de activos”.

Además aclaró que si bien es prematuro emitir una opinión sobre el impacto, “es esperable que los escasos desarrollos que han existido en el mercado de valores desaparezcan como consecuencia de las dificultades que se incluyen en la operativa”.

Aseguró que “si el proyecto resultara aprobado con la redacción actual, impactará, además, en el funcionamiento del sistema financiero, en el ordenamiento jurídico y en el ambiente de negocios en general”.

Concluyó que “es de esperar que el Parlamente analice con detenimiento este proyecto, consulte al mercado y a especialistas” a efectos de introducir cambios que permitan cumplir con los requerimientos internacionales, pero respetando el funcionamiento de los mercados.