Políticas económicas e inclusión social

El 6 y 7 de diciembre participamos en el Seminario Parlamentario Internacional “Seguridad ciudadana: su comprensión, la diversidad de amenazas y las formas de enfrentarla”, realizado en la sede del Congreso de Santiago de Chile, con la participación de parlamentarios y expertos del sector académico y sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela.

El seminario fue patrocinado por las presidencias del Senado y la Cámara de Diputados de Chile y organizado por la Corporación Participa y el Instituto de Asuntos Públicos de la universidad de ese país.

El encuentro fue parte de un ciclo de tres seminarios destinados a “Intercambiar experiencias latinoamericanas en relación al enfoque, diseño, implementación y resultados de políticas sociales exitosas y analizar las condiciones políticas y legislativas que las hacen viables y bien evaluadas por la ciudadanía”. Se efectuó en el marco del “desafío de los países latinoamericanos por acrecentar los procesos de reducción de la pobreza y la inclusión social, como un requisito para asegurar la gobernabilidad democrática”. En el seminario se trató sobre algunas estrategias económicas para posibilitar el crecimiento económico y su distribución en la población.
Participamos en el tema “Financiamiento y focalización del gasto público para la inclusión social”, cuya presentación estuvo a cargo de Alejandro Micco, académico del Departamento de Economía de la Universidad de Chile.

Desarrollo y Gasto Social

La síntesis de las intervenciones señala que el gasto social de Latinoamérica es bastante más bajo que el los países desarrollados. El gasto social viene aparejado del gasto público, y se va requiriendo más a medida que los países se van desarrollando.  Esto ocurre debido a que cuando la riqueza aumenta se reordena la carga tributaria y a la vez aumenta el gasto público. A medida que se van desarrollando, los países exigen nuevos bienes como seguridad, educación, en general los bienes públicos, requiriendo una mayor participación por parte del Estado en el aseguramiento de los mismos.

Cuando la sociedad exige más bienes públicos, es una demanda al Estado que debe financiarla por la vía de mayores recursos estatales. Ahí aparece la necesidad de una institucionalidad que promueva la eficiencia y eficacia en el gasto. Cuando ambas cosas no confluyen, las demandas quedan sin respuesta satisfactoria. Se subrayó que la institucionalidad es la base para lograr niveles óptimos de recursos y financiamiento de bienes públicos.

Historiando este tema en nuestro continente, se recordó que durante los años 60-70 hubo un aumento en el gasto en los países latinoamericanos sin la equivalente recaudación, recurriéndose a la impresión de moneda, lo que produjo un déficit fiscal agudo, que generó endeudamiento e hiperinflación. En los años 80, nuevamente existió un gasto fiscal sin recaudación, un nuevo aumento en el déficit fiscal que derivó en aumento del financiamiento con crédito externo, lo que terminó en un problema de pago con el principal proveedor de crédito, EEUU. Europa llegó al mismo punto actualmente, aplicándose políticas sociales sin sustentación ya que no guardaron relación con el crecimiento,

Esta situación genera crisis políticas, del mismo tipo que las vividas por Latinoamérica en décadas anteriores, lo cual nos llama a tener cuidado con los niveles de deuda. En esta crisis el balance fiscal de los países en desarrollo cayó pero se recuperó rápidamente, no así en los países desarrollados, generándose la grave situación actual del viejo mundo, que repercute en nuestra región.
La política fiscal debe ser sustentable en el largo plazo, para que el Estado pueda participar extraordinariamente cuando la población lo necesite.

Focalización del Gasto

La focalización del gasto debe responder a las necesidades sociales en cada país. Se puso el ejemplo de Brasil, que en 1997 tenía una carga impositiva regresiva, en lugar de distributiva. Asimismo, la síntesis del seminario expresa que “el gasto social muchas veces pasa a ser una transferencia a los grupos de poder, cuando los más ricos se llevan la mayoría del gasto social”. Advierte que hay políticas que parecen muy buenas, pero que no lo son en materia de distribución del ingreso.

El aumento en la focalización por vía de transferencias ha llevado a niveles deseables de éxito en la reducción de la pobreza en países de nuestra región. Nosotros advertimos que la lucha contra la pobreza para achicar la brecha social debe ser global e incluir iniciativas en distintas áreas. O sea, debe haber una política macroeconómica que sustente el gasto social, que esté al servicio del mismo. Al mismo tiempo, deben atacarse puntualmente problemas concretos con planes específicos enmarcados en una política económica global. Fundamentamos las políticas de asistencia a situaciones como, por ejemplo, la emergencia social que tuvimos en Uruguay tras la crisis de 2002, que llevó a que el gobierno del Frente Amplio pusiera en práctica lo que se llamó Plan de Emergencia. Pero sostuvimos también nuestra oposición a la concepción asistencialista, que apunta a determinados sectores y objetivos, pero deja de lado que no se avanza en la lucha contra la pobreza y a favor de la equidad si no se contemplan integralmente todos los aspectos que hacen a la elevación de la calidad de vida de la gente. Y eso no solo tiene que ver con recursos económicos, como asignaciones, sino abordar temas como la educación, la salud, la vivienda y, en general, todo lo que promueva una integración social sostenida y que permita el avance social. De lo contrario, se incurre en un asistencialismo que podrá satisfacer la mala conciencia sobre las situaciones de pobreza, pero no las ataca integralmente y en sus raíces más profundas.

El seminario advirtió sobre las “trampas” que perjudican los sistemas de protección. Por ejemplo el aumento de la informalidad, que evade impuestos y supone una mayor dificultad para el Estado para el abordaje en profundidad de la temática de la pobreza, la indigencia y la desigualdad.

Las transferencias, que son indispensables para la superación de la pobreza extrema, deben ir acompañadas de políticas pro-empleo, y pro-formalización, sostiene con razón el documento de síntesis del seminario.

El empleo sigue siendo el principal motor de inclusión social, enfatiza dicho documento. Pero se debe legislar para que se generen empleos de calidad.

En todas las intervenciones se hizo hincapié en la importancia de la plena vigencia del Estado de derecho, de la importancia de la calidad de las normas y del cumplimiento de la ley. Para ello la labor parlamentaria tiene un doble rol que cumplir: legislador y fiscalizador.

En el seminario planteamos el papel jugado por las políticas de inversión con carácter selectivo que han permitido en Uruguay fomentar determinados tipos de empleos para personas más vulnerables. Subrayamos que para mejorar la situación social la inversión que genera empleo es un motor fundamental.

Hicimos referencia a un modelo de desarrollo en donde el factor de inclusión social es central. En la síntesis se recogen estas apreciaciones, indicándose que en Uruguay se han implementado políticas que han permitido “la incorporación de más personas al mercado laboral, una mayor formalización del empleo, incorporación de un  mayor número de cotizantes al banco de seguridad social (BPS). Es decir, más gente formalizada, por lo tanto, más personas con aportes hacia la seguridad social”. Asimismo “mayor control de la inflación, mejoras en el coeficiente de Gini, como también modificaciones en el aspecto tributario como factor central de mayor  equidad y mejor distribución del ingreso”.