Destino para bienes incautados

El proyecto define la obligación que recae sobre todos los organismos públicos de colaborar con la sede judicial cuando esa colaboración es requerida, incluyendo el aporte de personal especializado.

Se modifica la competencia de las sedes especializadas en los delitos contra la Administración Pública. “Poco parece tener en común a la hora de encarar una investigación, una ‘coima’ de $ 100 a un policía de tránsito para que no aplique una multa, con una maniobra cometida por funcionarios públicos, fraguando contratos o licitaciones a través de los cuales se perjudica al Estado en importantes cantidades de dinero”, señalan Díaz y Gatti. Los juzgados especializados intervendrán toda vez que el perjuicio ocasionado al Estado sea superior a U$S 20.000.

Todas las conductas delictivas que encuadren en el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño (sobre venta, prostitución infantil y uso en pornografía o que refieren a trata, tráfico o explotación sexual de personas) que no sean cometidas por un grupo criminal organizado, serán atendidas por la sede competente. Los Juzgados Especializados actuarán cuando sean cometidos por una organización criminal.

Incautaciones

Se tomó en cuenta una sugerencia de la fiscal de Crimen Organizado, doctora Mónica Ferrero. Cuando se desarticulan estas organizaciones criminales dedicadas a la explotación sexual de menores e incapaces, incautan en los procedimientos todo tipo de equipos utilizados para la grabación, reproducción y distribución de materiales pornográficos que en lugar de destruirse pasarán a instituciones públicas o privadas, que le darán buen y provechoso fin.

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