El Ministerio del Interior dispuso sobrevuelos de carácter preventivo en áreas localizadas de los departamentos de Treinta y Tres y Cerro Largo, en el marco del conflicto entre empresarios transportistas y arroceros. Así lo manifestó ayer a República Radio el doctor Charles Carrera, Director General de Secretaría del Ministerio del Interior. El reconocimiento aéreo no detectó hasta ahora cortes de ruta por lo que, la policía no ha tenido que intervenir. Un decreto del Poder Ejecutivo faculta al Ministerio del Interior a disponer las medidas pertinentes a los efectos de garantizar el uso público de calles, caminos o carreteras. Carrera informó que hasta al momento la información recogida a través de la Unidad Aérea de la Policía Nacional, da cuenta de “manifestaciones pacíficas” sin interrupciones al tránsito. El jerarca fue consultado también sobre el decreto del Poder Ejecutivo que generó críticas incluso hacia adentro del Frente Amplio y el feminicidio. Por otra parte, desmintió la “infiltración” a la organización Plenaria Memoria y Justicia.

 ¿En qué consiste el decreto aprobado que otorga potestad al MI para impedir el corte de vías públicas?
-El decreto que se aprobó busca garantizar la libre circulación en nuestro país -derecho de todos los ciudadanos-, y consagrado en la Ley de Seguridad Vial. Además, actualiza la normativa, les da garantías a los ciudadanos y permite la libre circulación. No nos podemos olvidar que con un corte de ruta se está perjudicando el derecho de otro, por ejemplo, que una ambulancia pueda circular, obstaculizando el paso de un patrullero que acude a una emergencia. Lo que se busca garantizar es justamente eso. También se estableció un procedimiento -ya existe un protocolo- que será filmado para garantizar a todas las partes, tanto a policías como los manifestantes, que busca asegurar el derecho de todos. En Uruguay los cortes de ruta están prohibidos, lo que sí tienen las personas es el derecho a manifestarse.

Ese tema es justamente el que ha provocado un polémico cruce de opiniones, incluso dentro del propio FA…
-No compartimos este tipo de expresiones porque si algo ha hecho el FA desde el gobierno, es realizar una reforma profunda a la Policía Nacional; se han dictado una serie de leyes que lo que hacen es decir para qué está la Policía. Y la Policía está para respetar a la persona y que los ciudadanos se puedan desarrollar y disfrutar de los beneficios de un Estado de derechos. Nosotros no compartimos esas expresiones, hemos publicado un editorial en el que están todos los conceptos de por qué no los compartimos.

Desde el Ministerio se informó que se cuenta con las cámaras y demás elementos para garantizar la debida instrumentación del decreto.     
-Sí, hace un buen tiempo que estamos usando esa tecnología. Si recuerdan, cuando el desalojo del Codicen hace un tiempo, se utilizó y ello fue fundamental y determinante, porque las personas que habían sido desalojadas decían que se había utilizado la fuerza, que los habían tratado de forma brutal; a través de las imágenes se pudo comprobar que la Policía actuó dentro del marco jurídico adecuado, que hubo un uso racional de la fuerza, y que allí no había pasado nada de lo que se decía.

¿De cuántas cámaras se disponen?
-Por cuestiones de reserva no decimos el número de equipamiento con que contamos. Pero tenemos un número muy importante de cámaras, que ya está distribuido a nivel nacional. Es decir, tanto en Montevideo como en el resto de los departamentos, la Policía ya tiene esas cámaras para poder utilizarlas en todo procedimiento. Estos procedimientos de desalojo ya estaban protocolizados hace buen tiempo de que tienen que utilizar esta tecnología para asegurar los derechos y ser una garantía del ciudadano y del funcionario policial.

El PIT-CNT salió al cruce de este decreto y amenazó con recurrir jurídicamente porque  califican de inoportuno e innecesario, ¿qué opina?
-No compartimos las expresiones de que es inoportuno e innecesario, porque por algo lo tuvimos que dictar, y creemos que la norma dictada de este último decreto es una garantista. Pero además, allí mismo se señala que no se aplica este decreto para los conflictos laborales, porque para los conflictos laborales hay otro conjunto de disposiciones y participan el Ministerio de Trabajo. Nosotros creemos que es una norma garantista y les da la garantía a los trabajadores de que no se les aplicará, porque tienen otro conjunto de normas que establecen que cuando hay un conflicto laboral se deberá concurrir al Ministerio de Trabajo. Si comparamos esta norma con la del año 1999, a texto expreso en esta última se señala que en todo lo relacionado al derecho de huelga ni ningún tema laboral será aplicada esta norma.

El artículo 1 del decreto habla de preservar el uso de caminos, calles o carreteras, no menciona vías férreas, ¿no se debería haberlas incluído también?
-En principio, cuando se pensó en la norma, se refirió a usos de carreteras, calles y caminos vecinales, que es donde hemos constatado algún tipo de impedimento para el desarrollo normal del tránsito.

Este decreto está vigente desde hace varios días. ¿Ya se ha aplicado en algunas rutas nacionales?
-No, por ahora no hubo cortes de rutas a nivel nacional, lo que estamos haciendo es un control preventivo, se está sobrevolando sobre la zona donde hay una amenaza de corte pero en sí lo que hay son manifestaciones pacíficas y se permite el libre tránsito. Lo estamos garantizando a través de la unidad aérea de la Policía Nacional

¿Qué zonas se están monitoreando? 
-Las más complejas son en Treinta y Tres y Cerro Largo que es donde hay mayor grado de complejidad. Ello está vinculado al conflicto entre empresarios del transporte y arroceros, época en que se está recogiendo la cosecha de arroz.
Otro aspecto que se cuestionaba tenía que ver con la intervención  policial. El artículo 3º establece que se deberá dar cuenta inmediata a la justicia.
-El tema es así: la Policía Nacional tiene una serie de cometidos que no siempre tiene que dar cuenta previa a la Justicia. Por ejemplo, si se está patrullando y la Policía ve la comisión de un delito, detiene y a las dos horas debe dar cuenta a la Justicia. La Policía tiene la función administrativa, de prevenir y disuadir en todo lo que atente a la convivencia y seguridad en nuestro país, pero después que interviene tiene que dar cuenta a la Justicia. Cada poder del Estado tiene una función que le fue atribuida para ejercerla. Y todo lo que refiere al libre tránsito es una competencia propia del Poder Ejecutivo que es el que debe asegurarlo.

En referencia a femicidios, ¿usted solicitó la pronta aprobación de la ley Integral de violencia de género a consideración del Parlamento?   
-Sí, hace más de un año presentamos un anteproyecto ley -que es una ley integral- de todo lo que tiene que ver con la lucha contra la violencia de género. Es una ley que marca un cambio cultural muy importante en nuestro país, busca mejorar el acceso de las víctimas a la Justicia. Se propone crear juzgados multi-materias, con lo que se busca que haya un único juez que atienda todos los problemas de la víctima y la ampare. Y otras series de medidas que obligan a que todos los organismos del Estado tengan políticas transversales de género, lo que sería muy importante para tener un cambio cultural en nuestro país.

¿Por qué cree que está tan demorada la aprobación de la ley?
-Creo que está demorada porque es una ley larga, por la complejidad del tema, y se tienen que despejar las dudas para tratar de destrabarla. Podría al Uruguay en una posición de avanzada en América.

“Infiltración” a Plenaria, Memoria y Justicia es “falsa”

¿El Ministerio está investigando a grupos radicales? Trascendió que policías se infiltraron entre 2011 y 2013 en el grupo Plenaria, Memoria y Justicia.

-Esa noticia es totalmente falsa, no conocemos la orden ni autoridad que lo haya dispuesto. Además solicitamos a la dirección de la Policía una investigación de urgencia, pero es muy difícil porque la persona no aparece, sino que son  audios. En un medio de prensa decía que pertenecía a inteligencia, en otro decía que pertenecía al DOE, organismo que ha dejando de existir en Montevideo con esos cometidos desde el año 2013.

¿En qué consiste la investigación interna?
-La investigación consiste en determinar si existe alguna orden de alguna jerarquía policial que haya dispuesto que se hiciera este tipo de infiltración; en principio no existe ninguna orden. Además, dichas infiltraciones son ilegales.