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ICIR: las empresas que lo impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia

Publicado el 16/2/2013 - 3:20

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Si la Suprema Corte de Justicia declara al ICIR inconstitucional, se verán favorecidos 113 propietarios que concentran más de medio millón de hectáreas. Entre ellos, siete integrantes de la familia Bordaberry de Durazno, y dirigentes de la Asociación y Federación Rural. Vea la lista completa de propietarios que recurrieron el impuesto.

En momentos en que se considera inminente el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) por considerarlo “inconstitucional”, LA REPÚBLICA accedió al listado completo de las empresas, propietarios y los padrones por departamento de quienes recurrieron el tributo.

Integrantes y ex miembros de las directivas de la Asociación y Federación Rural del Uruguay y connotadas familias tradicionales uruguayas vinculadas a la política, forman parte del listado de 113 propietarios que son dueños de más de 540 mil hectáreas.

Gran parte de los componentes de la familia Bordaberry Fontana del departamento de Durazno, que suman algo más de 3.000 hectáreas, reclamaron contra el ICIR, cuya recaudación sería destinada para mejorar la caminería rural y obras de infraestructura.

De acuerdo a las estimaciones realizadas por el gobierno, con el ICIR se recaudarían entre US$ 40 millones a US$ 60 millones al año.

La lista incluye un número significativo de sociedades anónimas y establecimientos que prefirieron ser representados por abogados como el ex vicepresidente de la República Gonzalo Aguirre.

Varias sociedades –propietarias de miles de hectáreas– tienen titulares extranjeros y se dedican a la forestación, arroz, cría de ganado e incluso están registradas en otros países. El listado describe desde el nombre de la empresa que presentó el recurso, el apellido de un titular, el total de hectáreas y en los departamentos que operan. Hay propietarios que extienden sus actividades a más de un departamento.

Entre los reclamantes están los directivos de la Asociación Rural Ricardo Reilly Arrarte, Miguel Martirena, Julio Bonomi del Puerto, Eduardo Martín Mendivil, Roberto Mailhos Medero, Fernando Alfonso Bordaberry, Roberto Yavarone, entre otros.

El Rebenque S.A., Los Arroyos, Mis Potreros S.A; Trocadero S.A; La Rosada, Agropecuaria del Este S.A; Guanaré S.A; son parte de los establecimiento y empresas que presentaron los recursos de inconstitucionalidad. Algunas de las empresas son propietarias de tierras en varios departamentos, que llegan a una concentración de más de 60 mil hectáreas. Similar situación se produce con particulares en los que una sola persona es dueña de unas 20 mil hectáreas. Los apellidos de varias familias se repiten en el listado, que transcribe el nombre de cada uno de los componentes dueños Los recursos corresponden – según el listado- a propietarios de tierras de los departamentos: Cerro Largo, Artigas, Salto, Soriano, Treinta y Tres, Lavalleja, Maldonado, Durazno, Florida, Flores, Tacuarembó, San José, Canelones, Paysandú, Colonia, Flores y Río Negro.

Mujica, la Constitución y los intendentes

Al trascender, por parte de fuentes judiciales, que la Suprema Corte de Justicia se inclinaría por declarar “inconstitucional” el ICIR, el presidente José Mujica dijo que si ese era el pronunciamiento se debería reformar la Constitución. “Al parecer la Constitución se opondría a que pague más el que más se beneficia. Entonces, habrá que plantearse cambios constitucionales. Los gobiernos pueden subir aranceles, subir el IVA a los consumidores, el IRPF, tasas, etcétera, pero no pueden gravar la concentración de la tierra”, advirtió el mandatario en su audición semanal.

Pese a la resistencia que el ICIR generó –no solo en filas de la oposición, también en el propio oficialismo– los intendentes de los partidos tradicionales apoyaron el tributo por considerar que favorecería a los del Interior.

Por ello, el tema estará sobre la mesa en Anchorena mañana, en la reunión que mantendrá Mujica con los jefes comunales.

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