ideario

El costo de la no política

Publicado el 19/5/2013 - 14:00

NO POLÍTICA

El Uruguay está procesando la mayor transformación de la matriz energética de su historia. Esto responde sobre todo, a un cambio en el paradigma del rol del Estado y sus empresas públicas en la planificación de la estrategia energética del país, así como el logro de un claro reposicionamiento del papel de Uruguay en la región en esta materia.

Estas semanas, a partir de un detallado análisis técnico, se tomó la decisión de adjudicar a la empresa GDF Suez la construcción y operación de la futura planta regasificadora.

A partir de esto, se desató un debate público acerca de los costos y beneficios que tendrá para el país la construcción de la futura planta regasificadora.

Bienvenido sea, siempre que se realice en clave constructiva, con altura y profundidad.

De manera muy general, una planta regasificadora es una instalación industrial que se establece a los efectos de regasificar el gas licuado, permitiendo su incorporación a la red de distribución de gas natural. En ella se lleva a cabo el proceso que convierte el gas natural licuado en gas natural.

La futura planta regasificadora estará ubicada en el Puerto de Puntas de Sayago, en el oeste de la bahía de Montevideo.

El costo estimado de la obra es de 1.125 millones de dólares a pagarse mediante un canon mensual en 20 años y la misma estará operativa en el primer semestre del 2015.

La implantación de esta obra incluye la construcción de una escollera de abrigo en el puerto de más de 1.800 metros, el dragado, la apertura del canal de acceso, las obras necesarias para la conexión gasoducto Cruz del Sur, así como el alquiler del buque.

Se prevé que la misma tenga una capacidad de regasificación de hasta 10 millones de metros cúbicos diarios, lo que permitirá, además de abastecer la demanda diaria para la producción de energía eléctrica, la paulatina incorporación de algunos sectores del transporte público, la posibilidad de conversión del sector industrial, la mejora y masificación del acceso residencial de gas, así como tener una reserva de gas importante a los efectos de asegurar el suministro ante posibles déficit hídricos.

Los principales argumentos sobre la oportunidad de realizar dicha inversión se sustentan en el excedente de gas que la propia regasificadora generará, en función de la demanda nacional del mismo y sobre la posibilidad cierta que el mismo sea comercializado en la región.

Considero importante no restringir el análisis de este proyecto en sus costos y beneficios específicos, es decir del negocio de este proyecto, ya que cometeríamos un error estratégico, si no toman en cuenta los costos y beneficios que producirá al país en su conjunto.

¿Por qué? Porque la decisión de construcción de la planta regasificadora no es una concreción aislada. Se enmarca en la construcción, implementación y el desarrollo de una Política Energética del Uruguay con visión al año 2030.

Esta estrategia energética ha sido elaborada y aprobada por el Poder Ejecutivo en 2008 y mejorada en el marco de los acuerdos multipartidarios del 2010.

En la misma se define los Objetivos de la Política Energética:

“Asegurar en tiempo y forma la disponibilidad de fuentes de energía abundantes y a precios de eficiencia, fortaleciendo la soberanía energética, mediante reglas de juego estables y transparentes, que permitan un desarrollo sostenible y competitivo de la economía, para bienestar de todos sus ciudadanos y en un contexto de uso eficiente de los recursos y una adecuada preservación y sustentabilidad ambientales”.

Esto es un cambio en el paradigma de elaboración, diseño e implementación de las políticas públicas que el Frente Amplio ha logrado construir desde el gobierno y donde se le asigna un rol directivo al Estado en la planificación de largo plazo.

La misma se desarrolla desde una visión multidimensional e integrada a los factores tecnológicos, económicos, geopolíticos, ambientales, culturales y sociales, con metas de corto, mediano y largo plazo y con más de 30 líneas de acción.

Este tipo de decisiones de política nos ha permitido empezar a desarrollar una inversión de nuestras empresas públicas y también de privados de más de 6.000 millones de dólares en el sector energético, lo que nos posicionara desde una perspectiva cualitativamente diferente en la materia en el futuro cercano.

Sin lugar a dudas uno de los mayores logros del desarrollo de esta política será alcanzar una de las principales restricciones que se nos presentan para nuestro desarrollo y superar la demanda de energía ampliando y diversificando su oferta. Sobre todo teniendo en cuenta el nivel de desinversión y atraso colosal que experimentamos.

En materia de inversiones se inaugurará la planta de biodiesel en Capurro, la construcción de cuatro nuevos parques eólicos, a su vez se habrá culminado la interconexión energética con Brasil, se comenzará las obras de la central de ciclo combinado con una inversión de más de 500 millones de dólares y se seguirá con la búsqueda de petróleo y gas en la plataforma marítima uruguaya.

También se avanzará en la construcción de una planta de bioetanol en Paysandú, con una inversión estimada en US$ 140 millones. En materia de biomasa, se instalarán 40 MW en el departamento de Tacuarembó. Se comenzarán las obras de los parques eólicos de UTE, el desarrollo del Plan Solar, el desarrollo de la energía fotovoltaica. Para destacar algunas de las obras más importantes.

El desarrollo de una matriz energética diversificada y con mayor peso en las energías renovables, nos permite mayor soberanía, pues dependeremos menos del petróleo y sus derivados.

De hecho, mientras en el período 2001-2005 el peso del petróleo y sus derivados en la matriz energética del país representaba casi el 54%, para el 2015 se proyecta que disminuya a un 40%.

En el 2015 tendremos incorpora además de 50% de energías renovables a nuestra matriz energética.

El vetusto concepto de que la mejor política energética era aquella que no existiera, que también se aplicaba a otros sectores de actividad de nuestro país, se ha ido cayendo por su propio peso, o mejor dicho, por una nueva forma de gobernar.

¿Cuánto nos ha costado a todos los uruguayos esta no política energética en los últimos años?

A manera de ejemplo, solo desde el 2006 a la fecha, en materia de sobrecosto energético, todos los uruguayos debimos pagar más de 2.500 millones de dólares.

Pero existen otros costos o pérdida de beneficios que no han sido cuantificados.

Una adecuada política energética es clave en la dotación de servicios para la mejora de la calidad de vida de las personas y se encuentra asociada a la competitividad de nuestra producción en el mundo.

Solo un dato para graficar esto: desde el 1991 al 2006 no hubo ningún megavatio instalado en nuestro país.

Nos jugamos, o mejor dicho, no decidimos construir una política energética que apunte a considerar tanto la garantía en el acceso así como la calidad del abastecimiento como un tema estratégico, ni la incorporación de energías renovables ni el uso eficiente de su consumo.

¿Cuánto hemos perdido todos los uruguayos en todos estos años de despilfarro? Sin duda, mucho.

Por tanto, los beneficios que traen aparejados la decisión y la construcción de la planta regasificadorano pueden ser considerados de manera aislada. Se enmarcan en una Estrategia País.

Porque dicha construcción se enmarca en el objetivo de la diversificación de la matriz energética de Uruguay, lo que nos permitirá alcanzar el autoabastecimiento energético.

Porque nos permitirá contar con un seguro ante el avance del cambio climático tan presente en estas épocas, y sin duda más aun en el futuro cercano.

Porque nos brinda las condiciones necesarias para poder seguir desarrollando nuevas industrias que utilicen intensivamente la energía lo que sin duda nos permitirá dar un salto en calidad en materia industrial.

Porque nos permitirá ubicarnos como país, como Hub energético de la región, permitiendo jugar un rol importante en la comercialización de energía a nuestros principales socios comerciales, transformándonos, como en otros temas, de aquella vieja concepción de Estado tapón al Estado puente y articulador de estos nuevos tiempos.

Claramente el progreso de la sociedad debe de ir acompañado de condiciones para que pueda darse ese desarrollo, hoy es claro que el país no se desarrolla si no tiene un infraestructura que soporte el crecimiento económico. La energía es clave en este proyecto.

En materia de Política Energética estamos asistiendo a avances pocas veces visto y que nos cuesta dimensionar en su real magnitud.

Debemos, sin dudas analizar seriamente los beneficios y los costos de esta nueva planta regasificadora y su aporte a la diversificación de la matriz energética del Uruguay.

Pero por sobre todas las cosas, debemos cuestionarnos seriamente todos los uruguayos cuánto nos ha costado a todos la imprevisibilidad, el despilfarro y la no política en materia energética en estos años.

Daniel Caggiani

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